Paquita Sauquillo
“La terminología es clave”. Eso es lo que considera el movimiento asociativo de la discapacidad, compuesto por miles de organizaciones sin carácter partidista y que desde el año 2004 llevan reclamando que la Constitución elimine de su articulado el término “disminuidos”. El artículo 49, donde se plantea que los ciudadanos con algún impedimento sean amparados para el pleno disfrute de sus derechos, ha quedado en su opinión trasnochado, anclado en un ámbito paternalista. Se trata de que se suprima la palabra y que la Carta Magna se ponga en la línea con lo que marca Naciones Unidas en la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
¿Para este viaje hacían falta tantas alforjas? Han tenido que pasar 19 años para que las personas incapacitadas se vean dignamente reflejadas en la ley fundamental de nuestra nación.
El anteproyecto de reforma del artículo 49 que aprobó el Consejo de ministros en mayo de 2020, prohíbe cualquier tipo de discriminación de las personas con discapacidad, obligando a los poderes públicos a promover su libertad e igualdad real y efectiva. Se reconoce la imprescindible protección para mujeres y niñas que componen un grupo vulnerable y que sufre discriminación. Con casi cuatro millones de personas con algún grado de discapacidad en nuestro país, resulta notable que hasta ahora el Partido Popular se haya negado a dar su necesario apoyo a esta reforma que precisa de tres quintas partes de votos en el Congreso para salir adelante, al tratarse de una ley constitucional.
En enero de este año, el principal partido de la oposición afirmó que empezaba un proceso de acuerdo con el Gobierno para llevar adelante la modificación. El argumento para no haberlo hecho antes -explicaba el PP- era el temor de que, al debatir una reforma de la Carta Magna, otros grupos fueran más lejos intentando variar otros artículos. Ahora han dado su placet en función de que el cambio se ciña en exclusiva a este artículo 49. La palabra incapacitado sustituirá a la de disminuido.
¿Para este viaje hacían falta tantas alforjas? Han tenido que pasar 19 años para que las personas incapacitadas se vean dignamente reflejadas en la ley fundamental de nuestra nación. No veo excusa posible a tanta demora. Los políticos trabajan para todos los ciudadanos, no en función de sus caprichos e intereses. Es su obligación. No valen las excusas.